Ética salarial

En una de sus primeras intervenciones públicas como directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde ha pedido consenso en Grecia para que el gobierno heleno pueda sacar adelante el plan de austeridad, impulsado por la Unión Europea (UE) y la institución que ahora dirige. Cobrará 441.980 dólares anuales, a los que se debe sumar una jugosa partida para gastos.

“Si tengo algún mensaje que transmitir esta noche respecto a Grecia, es un mensaje a la oposición política griega para que se una en un acuerdo nacional al partido que está actualmente en el poder. De ello depende el destino y la seguridad del país”, declaraba Lagarde.
Sin embargo, esta petición de recortes procede de una institución que otorga a sus dirigentes sueldos desorbitados. El FMI se financia con aportaciones de los países miembros, entre los que se encuentra Grecia. El dinero público que el gobierno griego aporta a esta institución sirve para pagar a unos altos cargos, que cobran cientos de miles de euros al año y que no tienen ningún reparo a la hora de pedir austeridad a los ciudadanos.

Giorgios Papandreu, máximo mandatario heleno, consiguió el pasado 30 de junio sacar adelante el plan de ajuste. Algo para lo que la UE había presionado mucho. Las condiciones que se exigían desde la UE y el FMI se centraban en recortar los sueldos y las pensiones, subir los impuestos, despedir funcionarios y llevar a cabo un exigente programa de privatizaciones. Los griegos verán como su Estado del Bienestar se desmantela mientras los eurodiputados reciben cada mes un sueldo de casi 8.000 euros. Además, cada uno tiene derecho a 20.000 euros mensuales para contratar personal administrativo y 304 euros en dietas por cada día de sesión parlamentaria. Europa llama al ahorro, el ajuste y el recorte. Sus parlamentarios reciben más de 4.000 euros mensuales sólo para gastos de oficina. Hasta 2009, los eurodiputados podían viajar en turista y pedir que se les pagase el billete como si hubiesen viajado en primera clase. La diferencia pasaba a formar parte de la economía personal del funcionario, en detrimento de los presupuestos de la UE, que pagan los países miembros con las contribuciones de sus ciudadanos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO) cuyo objetivo principal es erradicar el hambre en el mundo, sólo destina una tercera parte de sus fondos a proyectos alimentarios. Que no exista un solo ser humano sobre el planeta que pase hambre es uno de los mayores retos a los que deben enfrentarse nuestros dirigentes. No se conseguirá si los sueldos de los funcionarios acaparan el 70% por ciento del presupuesto de la mayor organización mundial en la lucha contra el hambre.

Las instituciones financieras privadas que durante años concedieron préstamos de alto riesgo y las instituciones políticas que lo permitieron produjeron una situación económica insostenible que terminó por quebrarse por el lado más débil: el ciudadano de a pie. Al que no se ha dejado de repetir desde 2008 que ha vivido por encima de sus posibilidades. El periodista español Josep Ramoneda recuerda que “los que pusieron en marcha la quimera del préstamo siguen en su mayoría en sus puestos y se han autopremiado por el desastre provocado con suculentas recompensas en bonos y otras prebendas”. Y mientras esta élite financiera recibe bonus y premios que completan sus elevados salarios, bancos y cajas han dejado de conceder préstamos y han aumentado los embargos de quienes no pueden hacer frente al pago de la hipoteca.

No es posible hacer frente a los grandes desafíos del planeta si se mantienen los excesivos sueldos de estas instituciones y su elevado número de trabajadores. Para alimentar, representar y luchar por los derechos de millones de personas no hace falta pagar enormes salarios provenientes de las arcas públicas. Para hacer efectivos derechos como la alimentación, la representación política digna o el apoyo económico en casos de necesidad, no es necesario que exista una minoría que goce de sueldos que vulneran toda norma de ética.

Javier Fernández Díaz

Periodista

ccs@solidarios.org.es