“No sabe cómo añoro ese momento cuando tenga a mi hija, abrazándola y diciéndola cuánto la quiero y que nunca la voy a dejar sola, y voy a estar con ella donde quiera que ande”. Son palabras de la madre de Nancy Navarro, desaparecida el pasado 13 de julio en Ciudad Juárez. Fueron recogidas por Judith Torrea, única periodista extranjera que en estos momentos trabaja en la que se considera como la ciudad más peligrosa del mundo. En las zonas dominadas por el narcotráfico el secuestro es una práctica habitual. En la mayoría de los casos se realiza para solicitar un rescate. En otras se desconocen los motivos. Miles de familias se ven obligadas a convivir con la incertidumbre. Es la tortura de la duda. No tienen ninguna noticia de sus seres queridos. Se aferran a la esperanza de encontrarlos con vida. Luchan por que su rostro y su nombre no caigan en el olvido. En muchas ocasiones sin apoyo de las instituciones.
Durante conflictos bélicos, son muchas las personas que terminan en “paradero desconocido”. Gobiernos como el de Muammar Gadafi utilizan la policía y el ejército para hacer desaparecer a sus opositores. Desde que comenzó la guerra en Libia, se calcula que miles de personas han sido recluidas, algunas en redadas organizadas por las fuerzas del estado, según informa Amnistía Internacional.
La purga de opositores es otro de los principales factores que provocan muchas desapariciones. Desde que comenzaron las manifestaciones en la República Árabe de Siria para exigir reformas democráticas, han fallecido 2.200 personas, según datos de Naciones Unidas. Además un buen número de ellas se encuentran en paradero desconocido. El régimen de Bashar al-Assad, Presidente del país, ha secuestrado en los últimos días a cuatro personas que organizaban reivindicaciones pacíficas en Damasco. Se unen a una larga lista de recluidos en régimen de incomunicación y desaparecidos. Estas personas corren grave riesgo de ser torturadas.
La legislación internacional castiga y regula este tipo de prácticas a través de la Convención Internacional Para la Protección de las Personas Desaparecidas con 91 países que han firmado la Convención y 29 la han ratificado. Asociaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han pedido la ratificación universal de esta Convención. Sin embargo, todavía existen secuestros y ocultamientos de personas. Son víctimas invisibles. No pueden contabilizarse. No se incluyen en las cifras de muertos, ni en la de heridos. Sin embargo, significan un huérfano, una viuda, una familia rota.
Para esclarecer estos actos es imprescindible la labor del periodismo. Contar y recordar que estas desapariciones suponen una violación de los Derechos Humanos ayuda a generar conciencia y evitar el olvido. Entre otros derechos fundamentales, se viola el derecho a la vida familiar, el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona o el derecho a unas condiciones humanas de reclusión. Ciudadanos de todo el mundo darían un apoyo más decidido a la lucha contra las desapariciones forzosas si estas tuvieran mayor cobertura mediática. Sin embargo, tanto regiones en conflictos bélicos como zonas dominadas por el narcotráfico son hostiles para los informadores, convertidos en una de las principales víctimas. Como las dos periodistas de la revista de investigación Contralínea, asesinadas en México. Quienes se atreven a ejercer su profesión deben luchar contra un intento desesperado de secuestrar la verdad, que se lleva a cabo con el asesinato y encarcelamiento de quien pretende contarla. Según Reporteros Sin Fronteras, 13 periodistas se encuentran en paradero desconocido en el mundo. Entre ellos María Esther Aguilar Cansimbe y Marco Antonio López Ortiz que desaparecieron en México. El gobierno nacional no ha hecho ninguna investigación oficial para encontrarlos, condenándolos al olvido.
Un apoyo institucional más decidido y una mayor cobertura mediática evitarían que miles de personas se viesen condenas al sufrimiento y al olvido. Quienes pretenden utilizar al silencio como aliado deben recibir una enérgica respuesta por parte de la sociedad. Instituciones, medios de comunicación y ciudadanos no pueden permanecer impasibles mientras miles de personas desaparecen. Se debe luchar con todas las armas posibles contra la tortura de los desaparecidos y sus familias, obligadas a vivir con la incertidumbre y la duda, aferradas a una esperanza que muchas veces no llega a materializarse.
Javier Fernández Díaz
Periodista
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